La reacción de más de 1000 presos en reclamo por medidas sanitarias dentro de las unidades penitenciarias santafesinas culminó con 5 víctimas fatales, todos ellos hombres privados de su libertad, al menos 15 heridos y graves destrozos. Los daños materiales fueron cuantiosos, entre ellos, la producción propia de barbijos a utilizar en medio de la pandemia.

Uno de los hombres fallecidos correspondía al pabellón 9 de la cárcel de Coronda, mientras que los cuatro restantes se encontraban alojados en el penal de Las Flores. Los decesos se produjeron como consecuencia de altercados personales entre internos, según expresaron desde el gobierno provincial.

De manera colateral, varios agentes del Servicio Penitenciario que intervinieron frente a los disturbios culminaron con heridas, aunque ninguna de gravedad. Mientras, se sofocó rápidamente un intento de amotinamiento en el penal de Piñero, al sur de la Provincia.

Los desmanes que tuvieron su pico máximo de violencia durante la tarde del lunes, se extendieron hasta altas horas de la noche en la cárcel de Las Flores, en la capital provincial. Allí, el caos dejó como resultado la destrucción casi absoluta del sector farmacia y de atención médica, como así también los lugares donde los abogados concurren a entrevistarse con sus defendidos. Lo propio ocurrió con el área de carpintería y parte del sector de economato.

"Hasta la medianoche, nos encargamos de controlar los perímetros. Pero por dentro, el penal estaba prácticamente tomado por los internos", develó a LPO un agente del Servicio Penitenciario en extrema reserva.

En ausencia del ministro de Gobierno, Esteban Borgonovo, a quién le corresponde atender la cuestión carcelaria pero está en cuarentena por haber viajado a Montevideo a correr una carrera, obligó a la cartera de Seguridad a hacerse cargo del levantamiento.

La intervención de los máximos jefes de Seguridad, con Marcelo Saín a la cabeza, culminó bien entrada la madrugada, cuando se logró apagar el último foco de conflicto en Las Flores. El ministro además contó con el apoyo de especialistas del Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias (GOEP) (que depende del Ministerio de Gobierno), de los Grupos de las Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y de Operaciones Tácticas (GOT), ambos de la Policía de Santa Fe.

Comité de crisis encabezado por el ministro de Seguridad y autoridades policiales

Vale recordar que todo comenzó cuando un grupo de manifestantes en Coronda elevó un comunicado a las autoridades provinciales y judiciales exigiendo una toma de decisiones vinculadas al resguardo de la salud en el marco de la pandemia, a través de un video.

Esa fue la mecha que encendió una ola de reclamos individuales en diversos penales, cada uno de los cuales fue viralizado a través de teléfonos particulares dentro de las cárceles.

A pesar de encontrarse prohibido su uso para quienes se encuentren privados de su libertad, el celular fue el modo en que hicieron masivos sus mensajes. "No me quiero morir preso. Si acá se contagia uno de los que viene de afuera, estamos todos muertos", expresó otro interno de Coronda, al tiempo que apoyaba el reclamo de quienes no lograron ser liberados a pesar de contar con regímenes de excepción. "Ábranle la puerta a los que están autorizados con la transitoria", exigía a través de las redes un recluso en Las Flores.

El día domingo, la Defensora Pública Oficial, Jaquelina Balangione, había presentado un hábeas corpus colectivo y correctivo en virtud de la situación de los penales santafesinos y la contención del contagio de coronavirus.

En él se declaraba la necesidad urgente de implementar controles al personal que realiza tareas allí, a la necesidad de reforzar la dieta de los internos y evaluar la sobrepoblación carcelaria. Tras dicha manifestación, ajustada a derecho, trascendió que hubo reproches hacia la Defensora por parte de altas autoridades de Gobierno.